por Jorge Etchenique

«Los negros libres, los zambos, los indios, los criollos pobres… con prevención que los más infelices serán los más privilegiados»  José Gervasio de Artigas - Reglamento de Tierras - 1815

Tierra y Libertad se llamó el primer periódico anarquista cuando el siglo XIX aún no había concluido. Luego adquirió tonada mejicana al ser usado como lema por Ricardo Flores Magón y también fue (y es) un semanario anarquista editado en Barcelona durante la década del 30. En una nota que en él publicó Abad de Santillán en 1934 señala que “…nuestro anhelo se cifra en romper las ligaduras que impiden al hombre ser dueño de sus acciones, de sus pensamientos, de su voluntad”, es decir de su libertad.

Cierto, aunque sobrevuela una aureola libertaria, no existe una única manera de concebir la libertad. Tampoco hay ni hubo unanimidad sobre qué hacer con la tierra. Tierra y Libertad es el título de un film que el director inglés Ken Loach dio a luz en 1995. De las muchas escenas, algunas de ellas basadas en la lectura de “Homenaje a Catalunya” de Geoge Orwell, es un clásico la discusión entre aldeanos y milicianos de un minúsculo pueblo sobre los alcances que debe tener la colectivización de la tierra. Según expresó el mismo Loach, “uno de los momentos de la historia de la humanidad en la que se ve al pueblo tomando el control sobre sus propias vidas”, es decir sobre su libertad, la libertad en serio.

Entre las múltiples tensiones que atraviesan la historia de la sociedad capitalista moderna podemos tomar la que existe entre legitimación y acumulación, entre el reconocimiento formal de la igualdad y la necesidad estructural de la explotación. Nos estamos refiriendo a que una cosa es el discurso legitimador en búsqueda de consenso universal y otra el estado de relaciones sociales que pone en juego el trabajo. Todo modelo de acumulación es mucho más que un modelo económico al imponer un “orden” y al reconocer/desconocer sujetos y actores. Entonces, tierra y libertad es una relación que se objetiva históricamente.

Siempre fue identificado el término libertad con liberalismo quitándole así toda relación con aspectos concretos de las relaciones sociales que se tejen en todo acto de producir. Es que existe una unidad orgánica del sistema de relaciones sociales, no entendida como “unidad funcional” a la manera del funcionalismo, sino esencialmente contradictoria, compleja, no lineal sino dialéctica. La historia de la propiedad de la tierra es la misma de su desapropiación, como la historia de la libertad es la misma de su negación. Su búsqueda tiene una dificultad adicional : la mayoría de las fuentes de primera mano son estatales, de tal manera que predomina la “memoria del poder”. Tan es así que “toda revuelta que escape a la represión, escapa a la historia”.

La propuesta es observar someramente el período anterior a 1930 y luego nuestra historia reciente, a partir de esta diversidad de contradicciones.

Con respecto al primer tramo, se observan por una parte luchas por la tierra, ya sea para perforar el cerrado acceso a la propiedad, o bien para atenuar las voraces condiciones de arriendo. Otras luchas fueron en esa misma tierra para mejorar las condiciones laborales. Ambas teniendo en cuenta que en La Pampa la forma latifundista de tenencia y la liberalidad con que explotaban los dueños de la tierra a colonos y trabajadores por igual dio lugar a resistencias que, sabemos, están mediatizadas por diferentes niveles de conciencia y organización.

En Argentina, el control terrateniente del suelo precedió la puesta en producción de la pampa húmeda, abortando cualquier proceso de colonización, al estilo oeste de EE.UU., e imponiendo la generalización del arrendamiento como forma principal de tenencia.

Sabido es que los beneficiarios de la legislación agraria en la zona pampeana fueron los suscriptores del empréstito de 1878, derivado de la ley dictada para subvencionar la Campaña al Desierto, los que se cobraron en tierra pública su inversión con suma rapidez. De modo que si los inmigrantes se habían ilusionado con tener su parcela donde todo estaba por hacerse, se encontraron con que, en lo que más les importaba, estaba todo hecho. Este sistema de tenencia buscó su legitimación en función de ligar los intereses latifundistas con el “progreso".

Los enfrentamientos entre terratenientes y colonos que no pudieron cumplir con sus contratos y con sus deudas con el comercio en 1912, tuvieron por epicentro a Uriburu y dieron lugar al nacimiento de las Ligas Agrarias de La Pampa, casi simultáneamente al de la Federación Agraria Argentina. Esa confrontación tuvo por objetivo evitar los embargos y desalojos y luego se apagó tras varios meses de conflicto, pero las condiciones quedaron intactas para su reanudación, siempre bajo el manto protector del “dejar hacer” de un Estado liberal cuyas prácticas y fundamentos nos parecen más cercanos con el prefijo neo.

Tal reanudación se concretó en los primeros meses de 1919. A partir de este año, fueron muy intensas las acciones de las Ligas Agrarias de La Pampa, mayormente vinculadas al Partido Socialista y al georgismo y con un funcionamiento independiente de la F.A.A. a la que consideraba demasiado moderada en sus reclamos. Así, incorporaron por primera vez en sus textos la consigna “La tierra para quien la trabaja”, con despliegue de vehículos con banderas rojas por la campaña, como lo atestiguan las acciones en Winifreda, Anguil y Castex, de amenaza a contratistas y aradores que no paraban en jornadas de huelga resueltas en asambleas.

Durante la conmemoración del 1º de Mayo de ese año se produjo un hecho revelador. Colonos que realizaban una asamblea se acercaron a la Plaza Mitre de Santa Rosa, reclamando también para sí el término “trabajador” y el derecho a compartir esa fecha con los obreros. El caso, como ocurriera en 2001 y parte de 2002 demuestra que en momentos de intensa movilización se forjan lazos de comunicación entre estratos medios y obreros. En ambos casos tuvo la fugacidad del ensayo.

Los términos “agitadores” y “maximalistas” fue la respuesta que recibieron los chacareros por parte de grandes propietarios y funcionarios, tanto territorianos como nacionales. Y existe otro hecho revelador: a los dirigentes de las Ligas Agrarias les aplicaron la Ley 7.029 de Defensa u Orden Social, la misma que era usada para encarcelar bolseros, braceros y hachadores.

Ahora podemos continuar con estos últimos sectores. Desde la génesis de los territorios nacionales con la ley 1.532 de 1884 que institucionalizó la "Conquista del Desierto", se conformó una amplia franja de marginados del acceso a servicios básicos. Indígenas vencidos, criollos pobres del campo y la ciudad y los más pobres de la inmigración quedaron al margen, tanto material como simbólicamente, del "progreso". Todos esos sectores, desde el plano de las ideas, fueron previamente construidos como desviaciones de lo normal, como distantes de la razón.

Los bolseros compartieron esa exclusión junto a hachadores y braceros en zonas rurales, conformando el sector más alejado del acceso a la tierra que trabajaban o cuyos frutos llevaban en los hombros, los más extraños a la libertad. Registrados como "ocupados", se aprovechaba su fuerza de trabajo, pero fuera de ese espacio se buscaba que fueran "invisibles", siendo víctimas de un tipo de ocultamiento o confinamiento social. Como contrapartida y para apuntalar su autoestima, estos sectores señalaron su pertenencia a la clase productora de riqueza y de esa manera buscaron diferenciarse de la clase que se apropia de ella sin haberla construido. Una buena parte de la liturgia obrera del 1º de Mayo tuvo esa impronta, también en La Pampa. Como derivación de esta actitud, se formaron movimientos de resistencia y uno de los escenarios predilectos de esa acción fueron las unidades productivas, es decir el campo mismo, el galpón de ferrocarril, el obraje forestal, etc. Es en estas unidades donde se registra el mayor nivel de confrontación porque pone en cuestión la producción de recursos y sobre todo el sistema de propiedad.

Por razones de espacio sólo citaremos antecedentes de huelgas de hachadores en Conhelo y Guatraché durante la primavera de 1917. En los inmensos montes pampeanos de caldén en Gamay y Anzoátegui, las huelgas tuvieron su continuidad en 1919, con el agregado de actos de violencia armada protagonizados por la policía y hachadores que denunciaban que “eran explotados no sólo como productores sino como consumidores” .

Los braceros protagonizaron durante 1919/20, levantamientos en la zona comprendida por Tres Arroyos, González Chávez y Cnel. Dorrego, para repercutir posteriormente en Santa Fe e incluso el sur de Córdoba. En cuanto a los bolseros, hay registros de huelgas de estibadores en Rojas en febrero de 1916 y en Ingeniero White/Puerto Galván, contra la casa Dreyffus, en ese mismo mes de 1917, pero igualmente fueron más activos en 1919, para ir creciendo en intensidad hasta alcanzar su pico máximo dos años más tarde en Vertiz, Alpachiri y sobre todo en los hechos fatales de Jacinto Arauz. Estos deseos de compartir mínimamente la renta agraria se produjeron con presencia activa de adherentes anarquistas a la FORA.

Nuestra atención en estos años también radica en la extensión de estos movimientos que tuvieron por sujeto social a obreros vinculados al trabajo rural, si tenemos en cuenta que paralelamente a los hechos señalados, conflicto y muerte coincidían en la Patagonia Trágica y en los quebrachales de La Forestal.

En cuanto al segundo tramo que nos interesaba esbozar, observamos que desde los primeros años de la década de 1990, las políticas de ajuste, desregulación, etc. que implementó el Estado Neoliberal produjo en el campo, entre otros efectos, la libertad total en los precios y en las condiciones de los contratos de arrendamiento y aparcerías rurales, liquidación de conquistas laborales y precarización de las condiciones de trabajo. Es decir que se agudizó la polarización social agraria, afectando tanto a pequeños propietarios y arrendatarios como a trabajadores del campo. Estos dos últimos sectores, ya considerados en el primer tramo analizado, durante el salto temporal que hemos realizado por cuestiones de espacio, habían logrado mejoras sustantivas como un mayor acceso a la tierra, un incremento del cooperativismo agrario, el Estatuto del Peón, etc.

Un ajuste estructural de esa naturaleza debía provocar reacciones dispares. Los grandes terratenientes nucleados en la Sociedad Rural Argentina apoyaron la política económica menemista, en tanto que la mayor parte de los chacareros, agrupados en FAA y CONINAGRO manifestaron diversas formas de rechazo. Por otro lado, una parte de los asalariados rurales, agrupados en UATRE, tuvieron poca participación en la conflictividad agraria, aunque el burocratismo de una buena parte de las direcciones sindicales puede influir en ese hecho.

De las luchas protagonizadas por los productores en la década del 90, merecen destacarse la huelga agraria de 1994 y el Movimiento de Mujeres Agropecuarias, iniciado un año después, como asimismo la importancia que cobró la FAA en este proceso. En años posteriores hubo paros, tractorazos y manifestaciones que comenzaron a popularizar un método que se hizo habitual en esa década : el corte de rutas.

Desde hace algunos años, tanto el boom sojero como la valorización de tierras antes marginales motorizó a grupos especuladores o a grandes pooles de siembra, a avasallar el campo argentino, dejándolo sin gente, que es decir sin historia. Esta depredación se realiza en complicidad con un Estado que permite el hecho consumado por las topadoras o por el retorno a una economía extractiva tipo colonial. Nos recuerda al modelo “La Forestal”, con su secuela de devastación productiva, ambiental y social.

Veámoslo en números, extraídos del Censo Nacional Agropecuario 2002 :

- De los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones de hectáreas están en poder de tan sólo 4.000 dueños. Si se tiene en cuenta que hay en total en el país casi 300.000 productores, apenas 4.000 ya poseen casi la mitad de la tierra.

- En la región pampeana, donde están las tierras más cotizadas, hay 4.110.600 de hectáreas en manos de sólo 116 dueños.

- De las 317.816 explotaciones agropecuarias censadas en el año 2002, hay algo más de 100.000 establecimientos menos que en 1988.

- Entre 1992 y 1997, en el norte y este de la provincia de La Pampa el número de explotaciones disminuyó un 25 %.

El resultado es el desplazamiento forzoso de campesinos criollos y pueblos originarios de todo el país de las tierras que ocupan desde hace varias generaciones, y que han sido y son su único sustento. Los efectos sociales se dejan ver en una creciente mendicidad en las grandes ciudades, lo que aleja en forma abismal la posibilidad de ajustar en un solo haz la relación tierra y libertad.

Investigadores, organizaciones sociales y ambientales advierten hoy que la entrega en propiedad de unidades económicas y la seguridad que otorga el título de propiedad a los ocupantes precarios tendría, además de estabilizar poblaciones, consecuencias en la biodiversidad. Esto es que el agricultor propietario se esmera por preservar la fertilidad de su tierra, rotando cultivos y cumpliendo prácticas que contribuyen a que el recurso no se agote. En cambio, no tienen este interés quienes especulan con la inversión, como los grandes pooles de siembra, que sólo ven en el campo un negocio rentable, desmontando y sembrando cultivos no aptos, en forma abusiva si es necesario, para después partir porque el recurso irreversiblemente se ha agotado y los rindes de la cosecha ya no son los mismos.

Algunas de las doctrinas que hemos mencionado sostenían que la libertad individual o colectiva, anidada en la posesión de la tierra, se sostenían a partir de la edificación de una nueva sociedad. Luego de los cataclismos ideológicos, predominan las posturas más reformistas, en la búsqueda de mejoras dentro del actual sistema. Por ejemplo la Federación Agraria Argentina el 22 de agosto de 2002 dio entrada en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que limita, no elimina, la creciente extranjerización de la propiedad de la tierra. Pero como es un proceso, con todo lo que el término implica, esa misma entidad arribó a posturas más avanzadas en un congreso que organizó hace dos años con el nombre “Uso y Tenencia de la Tierra”. Se pronunció allí por una reforma agraria integral, o sea no separada de un proyecto de país que contemple la ampliación del mercado interno, la recuperación del petróleo, de los ferrocarriles, el control estatal del comercio exterior, etc. ¿Será finalmente esta concepción la que sintetice, en esta etapa, la relación entre tierra y libertad?

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